El punto de partida era aterrador: primero, la brutal represión del régimen de Idi Amin en la década de los 70, que dejó más de 300.000 muertos. Después, una sangrienta guerra en el norte que duró más de 20 años entre el gobierno y el fanático y brutal Ejército de Resistencia del Señor, que secuestró a más de 30.000 niños y niñas para hacerles trabajar como soldados o esclavas sexuales. En el año 2006 Oxfam y la plataforma de ONG de Uganda cifraban el coste humano de la guerra en cientos de miles de muertes, y su coste económico en más de 1.700 millones de dólares. (Ver aquí la entrada que hicimos sobre la radio comunitaria Wa).Con este panorama, las tasas de pobreza, analfabetismo, y prevalencia del VIH eran brutales en los años 90: cerca del 70% de la población vivía con menos de 1 euro al día, el 44% era analfabeta y cerca del 15% de la población estaba infectada por el VIH.
El panorama a día de hoy es, afortunadamente, muy distinto: en 2009 la tasa de pobreza ha bajado hasta el 29%, el analfabetismo ha caído hasta el 27% y “solo” un 6% de la población sufre el VIH.
Este “milagro” ha sido posible gracias a una combinación de voluntad del gobierno, inversión de los donantes –incluido el Banco Mundial- y trabajo de las ONG -denunciando la situación, presionando para conseguir avances y colaborando con la población y el gobierno para producir cambios concretos-.
Pero en casi todas las historias bonitas hay una cara oscura: hoy mismo se debate en el Parlamento de Uganda una ley que permitiría condenar a muerte a las personas homosexuales. Así como se lo cuento. La ley no sólo pretende introducir la pena de muerte para las personas que practiquen la homosexualidad en Uganda, sino que incluye también provisiones para las personas ugandesas que se involucren en este tipo de relaciones fuera de su país, para que sean adecuadamente castigadas tras su extradición a Uganda, e incluye penas para organizaciones, medios de comunicación o personas que apoyen los derechos de las personas LGTB.
La eterna tensión entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. Países como Uganda o como Cuba se excusan en su buen cumplimiento de los primeros para quitarle importancia a las violaciones de los segundos. Para mí la discusión es tan absurda como preguntarle a alguien a qué hijo quiere más.
Y podemos hacer algo. El presidentísimo Museveni (dirigiendo el país desde 1986, otra faceta de esa cara oscura) quiere seguir manteniendo la buena imagen y el apoyo económico de la comunidad internacional. Gritemos. A la hora de cerrar este post más de 600.000 personas ya habían firmado esta petición de Avaaz para frenar la ley. Hazlo tú también, y dile a Museveni que los derechos son siempre derechos.
Esta entrada ha sido escrita por IRENE MILLEIRO.
